GRA121. CARACAS (VENEZUELA), 15/10/2017 - Varias personas asisten a un centro de votación hoy, 15 de octubre de 2017, en Caracas (Venezuela). Los centros de votación en Venezuela comenzaron hoy a abrir sus puertas a las seis de la mañana hora local (10.00 GMT), como estaba previsto, para atender a los ciudadanos que están llamados a participar en la elección de los 23 gobernadores del país caribeño. EFE/Miguel Gutiérrez
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Los tres partidos más poderosos de la Mesa de la Unidad Democrática deberán someterse a una prueba más si desean inscribir candidato presidencial con sus tarjetas en 2018.

Por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instancia que se han negado a reconocer, Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular y hasta el legendario Acción Democrática tendrán que renovar nuevamente sus nóminas, de lo contrario estarán imposibilitados para postular. Los tres integraban, junto a Un Nuevo Tiempo, el llamado G-4 de la MUD que centralizaba todas las decisiones.

“Las organizaciones políticas, para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del período constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior”, reza el decreto aprobado el pasado miércoles por la ANC. El decreto añade que “las organizaciones con fines políticos que no cumplan con la disposición anterior deberán realizar el proceso de renovación contemplado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones“.

Ninguna de las tres organizaciones participó ni en los comicios nacionales de la ANC, ni en las municipales del 10 de diciembre, pero recién habían sido renovadas sus nóminas entre marzo y abril en un proceso al que se sometieron 59 partidos y a la final solo 22 pasaron el examen del CNE. Por espacio de dos días estuvieron recolectando firmas de aquellos que deseaban pertenecer a sus filas, en el caso de AD alcanzó 234.804 inscritos, Primero Justicia 148.570 y Voluntad Popular 146.041, según cifras que el CNE comunicó a cada partido. Números que en el caso de la tolda blanca representan el 1,1% del padrón electoral nacional cuando la ley les exigía validar el 0,5%.

La decisión de los constituyentes ha causado revuelo y rechazo en la oposición, desde el partido naranja Gustavo Ruiz, dirigente regional de VP, argumentó que el no haber participado en los recientes comicios municipales es una decisión que está avalada en el artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos que dice que “los partidos políticos son agrupaciones de carácter permanente cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medios lícitos, en la vida política del país, de acuerdo con programas y estatutos libremente acordados por ellos”.
En este sentido, Ruiz aseveró que tienen la facultad de abstenerse de participar o no, “si consideran que no están dadas las condiciones para hacerlo, puesto que el sufragio es un derecho y, como tal, su ejercicio depende de su titular”, señaló.

Para el exrector del CNE, Vicente Díaz, el contenido del decreto es una “aberración jurídica”. “Ilegalizar partidos por ejercer su derecho de decidir en cuál elección participan, es una aberración jurídica y democrática”, indicó.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, dijo que “si se niegan a participar en una elección (…) deberán validarse nuevamente conforme a lo que está contemplado en la Ley de Partidos Políticos“, en su artículo 25.

Fuentes de Voluntad Popular informaron que no renovarían sus nóminas de nuevo en 2018 pues es una acción contraria a sus argumentos expuestos para no participar, además con ello estarían avalando a una ANC “ilegal y fraudulenta”.

Desde AD, también se  dijo que los blancos no validarán, porque “AD ya está validado, fuimos a un proceso nacional y no está contemplado que volvamos a someternos a eso”.

En PJ aún no discuten el tema, pero todo indica que tampoco lo harán. Los justicieros emitieron un comunicado conjunto con AD y VP en el que “pretender someternos a un nuevo proceso de validación, apenas meses después de haber cumplido con este trámite, solo reafirma la vocación autocrática del Gobierno y quienes hoy detentan el poder”.

Además aseveran que el Gobierno “pretende consolidar una oposición a su conveniencia”, lo que aflora más las diferencias entre la oposición que participó el 10-D y la que no participó.
A juicio del abogado constitucionalista José Enrique Molina Vega la ley solo ordena la validación de los partidos cuando han dejado de asistir a dos elecciones nacionales seguidas.

“Estos partidos acaban de hacer su recalificación, de modo que no hay ninguna necesidad legal ni constitucional para que se les ordene de nuevo una validación. Además la medida no podría aplicarse retroactivamente porque sería inconstitucional, se aplicaría en adelante a los partidos que dejarían de asistir a elecciones en el futuro pero nunca en el pasado. Es una decisión política intentando alguna presión para las negociaciones, quien sabe con qué finalidad”. De no ser renovados éstas tres toldas se exponen a desaparecer del tarjetón electoral y a participar con candidatos por iniciativa propia u otras tarjetas.

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