Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado. El 14 de marzo publicó la resolución 2/18 sobre migración forzada. En cuya resolución la CIDH calificó el éxodo de los venezolanos como una “grave y compleja crisis de migración forzada” y señaló que tiene que ver con la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado venezolano. Manifestando en dicho texto:

“La CIDH considera que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, han conllevado al crecimiento exponencial de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia a otros países de la región en los últimos años, como una estrategia de supervivencia que les permita a ellas y sus familias preservar derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y la alimentación, entre otros”.

Al respecto, la Carta de Naciones Unidas establece que los Estados miembros, tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. La Constitución Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2,  dispone: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”

Así, y en consonancia con la Carta Magna, las Naciones Unidas, durante la celebración de su Cumbre Mundial del año 2005,  instituyó una nueva dimensión en el derecho internacional público y del derecho internacional humanitario aplicable a nivel global: la responsabilidad de proteger. Produciéndose un cambio evolutivo en postura frente al concepto de soberanía de los Estados. Desde la “no interferencia” a la “no indiferencia” de la Comunidad Internacional, introduciendo a la carta la doctrina de la responsabilidad de proteger a partir de las garantías y protección a los derechos humanos. Bajo el principio, que si el Estado Nacional, no puede garantizar o violenta como política de Estado, esos universales, inalienables y progresivos derechos y garantías a su población, la Comunidad Internacional debe responder, e ineludiblemente, en forma escalada.

Cuando el gobierno venezolano violenta éstos y otros convenios internacionales válidamente suscritos, se hace directamente responsable de las dificultades por las que atraviesan sus ciudadanos que han huido al exterior, víctimas sin alternativas de una migración forzada; así como también es el causante de las situaciones que se generan en los países receptores de los venezolanos que huyen de nuestra, e inducida, crisis humanitaria.

La violación sistemática a los derechos humanos en Venezuela se ha convertido en una política de Estado. Mientras… el  éxodo continúa, y el sufrimiento general se profundiza.