Helí Rincón, coordinador de Vente Venezuela en el municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, denunció este miércoles discriminación en la repartición de la comida por parte de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en San Juan de Los Morros. “Es el hampa, enquistada en la Alcaldía con Mayerlin Contreras a la cabeza, la que acapara las bolsas y deja varada a la mayoría de la ciudadanía”, señaló.

Detalló que en días recientes se repartieron bolsas de comida de los Clap en la urbanización Hugo Chávez de la capital guariqueña. Esa zona es habitada “por muchos funcionarios de la Alcaldía y de la Gobernación”, por lo que cada casa –de acuerdo con el mismo Helí Rincón- recibió dos bolsas con productos escasos y costosos en el mercado: pollo, azúcar, arroz, pasta, harina de maíz… Esos mismos productos no existen en las bolsas que se reparten en otras zonas de la ciudad.

Para el coordinador del partido de la libertad en el municipio guariqueño Juan Germán Roscio, los Clap allí funcionan como verdadera mafia organizada, pues son manejados con criterios clientelares: “ellos deciden quién recibe la comida barata y quién no. Esto es delincuencial, pues son sujetos que no invirtieron ni un centavo en la adquisición de esa comida, que manejan a su antojo y con la que también se lucran; usan al Estado para sacar provecho propio”, detalló.

También mencionó que, recientemente, los Clap dejaron varados a muchos habitantes del sector Los Placeres, pues, antes de comenzar la jornada de repartición, José Vásquez –a quien se le adjudicó la Gobernación de Guárico en octubre de 2017- ordenó desviar comida a su natal población de Camaguán.

Pero no todo queda ahí. Hasta 400 mil bolívares debe pagar un sanjuanero por una bolsa de comida de este programa de control social. “Y, además, exigen cancelación de un día para otro. Y el que no lo paga así, de ya para ya, se queda sin bolsa. Son las maneras que ellos tienen de incentivar quedarse con más comida para obtener aún más provecho”, expuso.

Helí Rincón aclaró que las bolsas de los Clap no son un derecho, sino “el resultado de una política de Estado que se propuso esto: quebrar a todos los productores y comerciantes para controlar a la ciudadanía por lo más débil, el hambre. Lo que sí es un derecho ciudadano es que haya comida en cualquier supermercado y que sea el consumidor quien decida qué compra, dónde, cuándo y cuánto”.

Y finalizó: “El Estado debe garantizar que los productores produzcan, los comerciantes tengan qué vender y así los consumidores tengan qué consumir. Es regla básica en toda sociedad decente y normal. Y esa no es la regla en la Venezuela de las mafias de Maduro y los Castro. Por eso urge seguir avanzando en la ruta de la Transición; con la presión y externa, que lleve a dimitir a la dictadura. Solo así volveremos a tener un país próspero y con productos para todos”.