Según el coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, la hambruna en Venezuela se ha convertido en una epidemia que conforma, “el más reciente brazo armado del Estado venezolano reflejado claramente en todos aquellos que tienen que hurgar en la basura para combatir el hambre”, precisando que, “esta tragedia es una situación compleja que afecta a los adultos mayores y los niños por igual, al ser los segmentos más débiles de la población”.

Advirtió que de acuerdo a investigaciones que han realizado, el 60 por ciento de la población a nivel nacional se encontraría bajo los efectos de un desbalance alimenticio a consecuencia de los altos precios de los insumos básicos. “Hay 6 millones de niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen los alimentos indispensables ni la posibilidad de adquirirlos. “Estamos ante un panorama muy oscuro de genocidio alimentario porque apenas un 20 por ciento de la población recibe la bolsa Clap, siempre y cuando cumplan con el acto criminal de tener el carnet de la patria”.

Recordó que de acuerdo con el análisis del Centro de documentación y análisis para los trabajadores, CENDA, la canasta básica en enero de 2018 bordeaba los 24.500.000 bs, aumentando en el mes de febrero a 37.517.000 bs y dando un salto a 52.680.900 bs en el transcurso del mes de abril, algo que su opinión, es la mejor demostración de la inacción tanto del presidente Maduro como de quienes le acompañan. “El colmo es el anuncio de un nuevo aumento del salario mínimo que apenas alcanza para un cartón de huevos y medio kilo de queso”.

Condenó que esta situación esté obligando a buena parte de la población a prescindir del consumo de proteínas a cambio de carbohidratos que en definitiva solo generarán efectos negativos sobre el organismo y la salud de los venezolanos. “Este mecanismo perverso que busca someter al pueblo disparando al estómago de los menos favorecidos que no tienen que comer”.

Destacó que tanto el Ministerio de alimentación como el Instituto nacional de nutrición desaparecieron como entes rectores y coordinadores de las políticas en cuanto al consumo de alimentos de los venezolanos. “Estamos en una situación de orfandad que incluye a la clase política donde, tanto el oficialismo como la oposición se encuentran sumergidos en una borrachera electoral y no les duele el hambre de los venezolanos cuando estos están pidiendo de comer”.

Aseguró que el país se encuentra bajo el control de un, “Estado criminal que siente un enorme desprecio a la vida y la alimentación, cuando estableció la hambruna como una política pública de exterminio y además, con un alto grado de indefensión por parte de los poderes públicos porque el Defensor del pueblo y el Ministerio Público no asumen su responsabilidad de ser la defensa de quienes claman por conseguir alimentos”.