La Corte Suprema de Brasil presentó un veredicto en el que estableció como anticonstitucional el manejo represivo en la herramienta legal para que los investigados sean coaccionados a declarar en el marco de la Operación “Lava Jato”, por ejemplo como el caso del juez Sergio Moro con el exmandatario Lula da Silva.

El Supremo Tribunal Federal con una mayoría de 6 a 5 confirmó que presentar a ciudadanos a declarar obligados y sin un previo proceso o imputación corresponde emplearse en última instancia, esto si el involucrado se rehusó a las advertencias legales.

Agencias de noticias brasileñas refirieron que el fallo preliminar contra la conducción coercitiva fue expuesto en diciembre por el juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes luego que el Partido de los Trabajadores y la Orden de los Abogados de Brasil iniciaron procesos legales en las cuales explicaron que la disposición impuesta violaba el derecho de los inculpados a quedarse callados y no autoincriminarse.

Por lo tanto, los jueces que votaron en defensa de suprimir ese procedimiento especificaron la ley no reincide únicamente en los políticos, sino igualmente gente pobre.

Mientras que la Corte Suprema le tocará someter a votación una solicitud libertad para Lula y para concretar dicha providencia permanece en la espera por la declaración púbica de la fiscal general, Raquel Dodge.

El 4 de marzo del 2016 el juez Moro mandó cerca de 500 policías federales a buscar al exgobernante Lula a su residencia ubicada en Sao Bernardo do Campo con la finalidad de ser inquirido por un comisario, entretanto demás agentes oficiales le inspeccionaron su casa aun cuando él no se negó a declarar abiertamente, reseñaron medios de comunicación.