Faltan billetes en las calles para responder a la demanda de efectivo.  El pasajero no tiene monedas para pagarle al chófer, al consumidor le faltan billetes para comprar la empanada: la situación es precaria y grave.

La dependencia en las tarjetas de débito y crédito, en los puntos de venta y las transferencias ha solventado medianamente el problema; pero no por completo. A los bancos ya les falta el plástico para renovar las tarjetas vencidas (por el exceso de pedidos), quienes quieren un punto de venta esperan para que se lo consigan en los bancos y el Internet falla cada vez más como para hacer transferencias.

La crisis obliga al régimen a responder con soluciones ante la escasez de efectivo. Maduro lo sabe y se muestra preocupado al respecto (o finge estarlo). El regente planteó en marzo que se realizara una reconversión monetaria -la segunda en 10 años-, dijo que era necesaria para que sobreviviera el bolívar frente a la inflación y que se aplicaría desde el 4 de junio.

Pasaron los meses, la incertidumbre creció y no había respuestas claras sobre el paradero de los nuevos billetes, ni tampoco cómo de un día a otro se recolectarían las piezas que perderían vigencia. El 29 de mayo, luego de una reunión con los banqueros, Maduro dijo que se aplazaba la reconversión hasta el 4 de agosto por petición de los bancos, quienes necesitaban más tiempo para adaptar sus plataformas.

El 17 de julio, el diputado y economista José Guerra señaló que –de acuerdo a las informaciones que maneja- las piezas no habían llegado a los bancos.

Los datos extraoficiales al respecto se han publicado en los últimos días: reuniones con la superintendencia de los bancos, promesas a los gerentes de que recibirán los nuevos billetes y encuentros en los que se aclararían los límites de retiro después de la reconversión; pero nada oficial.

El Ejecutivo, que interviene directamente al Banco Central y viola su autonomía, es el que maneja con opacidad y demoras un proceso que incluso para su líder Nicolás Maduro sería crucial. Con el colapso de los sistemas de pago electrónicos se reduce cada vez más la capacidad de los ciudadanos para movilizar el dinero.