Este decreto contradice los artículos 26 y 27 de la Ley de Partidos Políticos, los cuales establecen que las organizaciones serán canceladas “cuando hayan dejado de participar en las elecciones en dos períodos constitucionales sucesivos” o no hayan obtenido el 1% de los votos emitidos en un evento electoral.

Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impuso la obligatoria participación de las organizaciones políticas porque la MUD se negó a asistir a los comicios de alcaldes (2017) y presidenciales (2018) tras considerarlos un “fraude electoral”.

La dirigencia opositora acusó al Consejo Nacional Electoral de aprobar la reubicación sorpresiva de centros de votación, avalar la inhabilitación inconstitucional de candidatos y el ventajismo de recursos en campaña, entre otras irregularidades, para favorecer al oficialismo

Sin derecho a reparo

Algunas organizaciones fueron canceladas aún sometiéndose al proceso de recolección de firmas, como fue el caso de Primero Justicia (PJ). La tolda aurinegra obtuvo el 0,5% de las firmas, pero no en 12 estados del país como exige el Poder Electoral. Cuando esto ocurre la ley establece un lapso de reparo para darle oportunidad al partido de recoger las firmas que le faltan. Sin embargo, el CNE le negó esta posibilidad a PJ.